COMUNICADO DE PRENSA

19 de septiembre de 2002

En sus ediciones del 16 de agosto de 2002, los tres periódicos principales del país reseñaron unos acuerdos entre siete compañías de seguros y el Comisionado de Seguros de Puerto Rico (CSPR). Éstos fueron producto de investigaciones realizadas por la Oficina del CSPR por alegadas primas excesivas cobradas a Consejos de Titulares de Condominios.

Preocupados por los efectos que esos acuerdos pudieran tener en las finanzas de los agentes y corredores de seguros del país, de inmediato le escribimos a los principales oficiales ejecutivos de las compañías de seguros que habían suscrito los acuerdos con el CSPR. A cada una de las cinco (pues tres están en un solo grupo) le preguntamos si era cierto que habían suscrito un acuerdo con el CSPR y cómo éste afectaría a los productores. Confirmando que habían hecho los acuerdos, tres de ellas tuvieron la gentileza de contestarnos lo siguiente:

· Una dijo que esos acuerdos no tendrían efecto alguno sobre su fuerza productora, a la que están apoyando totalmente.

· Otra contestó que los acuerdos no afectarían la estabilidad económica del asegurador, que no fue lo que se le preguntó.

· La última contestó algo muy preocupante y citamos: “entendemos que no hay impacto alguno en la fuerza productora de la compañía. De verse afectado algún productor, algo que no negamos ni afirmamos por el propio carácter confidencial del acuerdo, será tratado individualmente con el o los productores.”

Consternados por esa última respuesta, el mismo día le escribimos al CSPR. Urgentemente le solicitamos que nos informara el efecto que estos acuerdos tendrían sobre los agentes y corredores de seguros del país. Nuestro fin era informar a nuestra gente qué debían esperar y cómo manejar la situación que crearía la devolución masiva de primas previamente cobradas.

Ayer se cumplieron 33 días de espera por una respuesta del Comisionado y llegamos a la conclusión de que no se podía dilatar más el asunto y cumplir con la obligación que tenemos con nuestra clase profesional. Siguiendo nuestras instrucciones, ayer a las 4:20 PM nuestros abogados radicaron la Demanda Civil KAC02-5982 en la Sala 906 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, sobre Sentencia Declaratoria y Otros Extremos. Esta es la primera vez en los 25 años de historia de la asociación que se radica una acción legal contra el Comisionado de Seguros de Puerto Rico. Nuestra relación con este funcionario ha sido una caracterizada por la mayor cordialidad y respeto, pero ante el silencio y el secreto no nos quedó otra alternativa que recurrir a los Tribunales.

PIA tiene un serio problema con leyes, reglamentos o acuerdos que no puedan ser examinados por quienes los tengan que cumplir.

Las leyes secretas no son buenas, pues sólo las conocen unos pocos privilegiados.

· ¿Cómo podemos saber si todos los acuerdos son iguales?

· ¿Cómo se aplican los mismos a cada caso?

· ¿Existe una fórmula igual para todos los casos, o se trata de cantidades arbitrarias?

La aplicación de un acuerdo secreto a asegurados, agentes y corredores que no tienen acceso al mismo es, en nuestra opinión, algo injusto, inmoral e ilegal, que se presta a favoritismos y persecuciones a la merced de un suscribiente que tiene sus propios intereses y que no está trabajando a la luz pública. ¿Cómo es que el otro suscribiente, que entendemos tiene que obrar con justicia y ante el pueblo va a asegurarse que se cumplan los acuerdos? Pero, por encima de todo,

¿Cómo va a saber el asegurado si se le ha impartido justicia?

Los agentes, corredores y los asegurados tienen un interés común: Que se publiquen los términos de los acuerdos para saber si están siendo aplicados correcta y justamente.

En la primera causa de acción de la demanda radicada dice y citamos:

“Es parte consustancial de una democracia el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre las gestiones que llevan a cabo los funcionarios y entidades gubernamentales que le sirven y representan. Germano a ese derecho constitucional de solicitar quejas y agravios ante el gobierno nos preguntamos de qué manera un ciudadano puede hacer un reclamo a la administración y regulación gubernamental si no tiene acceso a la información en manos del gobierno, por hacer éste las cosas confidencial y secretamente.”

De eso es que se trata nuestra acción, que reclama la claridad y transparencia que debe tener un gobierno democrático y limpio.

No dejaremos a nuestra gente sola y a la merced de acuerdos que no pueden examinar. No dejaremos que el asegurado pueda pensar que su agente o corredor forme parte de esos pactos secretos. No descansaremos hasta que nuestra gente pueda hacer lo que siempre ha hecho: orientar y asesorar al asegurado sobre normas que sean del conocimiento de todos.